Nueva ofensiva de Trump contra migrantes: firma órdenes para restringir financiamiento

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Diana Rivero

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Publicado: 20/2/2025 · 2:03 p.m. MX | Actualizado: 20/2/2025 · 2:03 p.m. MX

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su postura contra la inmigración ilegal al firmar el miércoles una serie de órdenes ejecutivas destinadas a restringir el financiamiento público para personas inmigrantes indocumentadas y eliminar regulaciones que su administración considera excesivas. Las medidas, anunciadas desde el Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington, buscan consolidar el control del mandatario sobre agencias gubernamentales y recortar el gasto federal.

Entre las nuevas órdenes, una de las más destacadas prohíbe el uso de dinero federal para programas que beneficien a persona inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país. Donald Trump ordenó a todas las agencias gubernamentales identificar cualquier iniciativa financiada con fondos federales que proporcione asistencia a estas personas. Con esta medida, la administración pretende reducir el acceso a recursos públicos por parte de las personas inmigrantes en situación irregular, en línea con las políticas restrictivas que han caracterizado su mandato.

Además, la orden ejecutiva impide que los fondos federales sean utilizados por jurisdicciones santuario, es decir, aquellas ciudades y estados que han adoptado políticas de protección para personas inmigrantes y que se niegan a colaborar con las autoridades federales de inmigración. La Casa Blanca ha argumentado en repetidas ocasiones que estas jurisdicciones obstaculizan la aplicación de la ley migratoria y fomentan la permanencia de indocumentados en el país.

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Revisión y eliminación de regulaciones

Otra de las órdenes firmadas por Donald Trump establece que los jefes de todas las agencias gubernamentales deben realizar una revisión exhaustiva de las regulaciones vigentes. Este proceso se llevará a cabo en colaboración con miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el empresario Elon Musk. Cualquier norma que se considere incompatible con las políticas de la administración será modificada o revocada.

El esfuerzo de Musk para reducir el gasto público ha generado controversia, ya que enfrenta numerosos desafíos legales por la posible afectación de programas esenciales. No obstante, la administración Trump ha reiterado su intención de deshacerse de regulaciones que considera innecesarias o que limitan el crecimiento económico.

Eliminación de agencias y comités asesores

En su afán por consolidar el poder ejecutivo y reducir costos gubernamentales, Donald Trump también firmó una orden para desmantelar varias agencias y comités asesores. Entre las instituciones que serán eliminadas destacan el Instituto de los Estados Unidos para la Paz, la Fundación Interamericana y la Fundación de los Estados Unidos para el Desarrollo Africano. Estas organizaciones se dedican a la promoción de la resolución de conflictos y al financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario en América Latina, el Caribe y África.

Las nuevas órdenes ejecutivas de Trump han provocado una fuerte reacción tanto de defensores de los derechos de las pesonas migrantes como de legisladores demócratas, quienes han calificado las medidas como “crueles” y “destructivas”. Organizaciones pro inmigrantes han advertido que estas restricciones dejarán a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Por otro lado, expertos legales han señalado que algunas de las disposiciones podrían enfrentar obstáculos judiciales, especialmente aquellas relacionadas con la eliminación de financiamiento para ciudades santuario. Varios estados y municipios han adelantado que presentarán demandas para bloquear la implementación de las medidas.

Con estas nuevas órdenes ejecutivas, Donald Trump refuerza su discurso de línea dura en materia migratoria y su estrategia de reducción del gasto federal, en un contexto donde busca consolidar el apoyo de su base electoral de cara a futuras elecciones. No obstante, la implementación de estas políticas promete ser un campo de batalla tanto en tribunales como en el Congreso.

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Diana Rivero