Trump pide a la Corte Suprema que le permita deportar a migrantes indocumentados de EEUU
El Gobierno de Trump busca luz verde para expulsar a inmigrantes venezolanos detenidos en Texas, incluso sin recurrir a la polémica Ley de Enemigos Extranjeros

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este sábado a la Corte Suprema de Estados Unidos que le otorgue autoridad para expulsar a un grupo de venezolanos detenidos en Texas bajo legislaciones migratorias habituales, más allá de la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La petición llega tras la orden del tribunal emitida la mañana del sábado que prohíbe temporalmente la expulsión de ciertos inmigrantes hasta que se resuelva el litigio pendiente
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En su escrito, el Departamento de Justicia, liderado por el procurador general adjunto D. John Sauer, insta al Supremo a levantar la suspensión inmediata que impide las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y permitir que los tribunales inferiores examinen “las preguntas legales y fácticas relevantes en primera instancia”, incluido el desarrollo de un registro fáctico adecuado.
Sauer argumenta que el proceso se ha acelerado excesivamente y que los tribunales de distrito no han tenido tiempo suficiente para evaluar de manera apropiada las solicitudes de los migrantes de detener sus remociones.
“Este tribunal debería disolver su actual suspensión administrativa y permitir que los tribunales inferiores aborden las preguntas legales y fácticas relevantes en primera instancia”, señaló Sauer.
Como vía de respaldo, el Gobierno de Trump solicitó al alto tribunal claridad sobre su capacidad para deportar a un subconjunto de esos mismos inmigrantes invocando “leyes de inmigración menos controvertidas”, que requieren el debido proceso habitual antes de remover a cualquier persona del país.
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ACLU y la batalla por los derechos de los inmigrantes
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) intervino en el caso, argumentando que los inmigrantes venezolanos enfrentaban una expulsión inminente sin un proceso judicial adecuado. Según sus abogados, la administración de Trump intentaba eludir revisiones judiciales obligatorias, como las establecidas en un caso previo de la misma Corte Suprema a inicios de abril.
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Aunque los tribunales de menor instancia rechazaron la solicitud inicial de la ACLU, la Corte Suprema intervino de forma sorpresiva, ordenando la suspensión de las deportaciones hasta nuevo aviso. “Se ordena al Gobierno no deportar a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de este tribunal”, escribió la mayoría del tribunal. Sin embargo, los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito se manifestaron en desacuerdo con la decisión.
Esta nueva ofensiva legal del presidente Trump forma parte de su promesa de mano dura contra la inmigración ilegal. No es la primera vez que su administración intenta utilizar leyes inusuales para reforzar su agenda migratoria. La reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido especialmente criticada por su ambigüedad y por el posible impacto en los derechos civiles de los detenidos.
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