¿En qué consiste la Reforma de Seguridad Pública recién aprobada por las comisiones del Senado?

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y Seguridad del Senado de la República aprobaron este lunes una controvertida reforma que otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch. Este cambio permitirá a dicha Secretaría coordinar directamente investigaciones de delitos a nivel nacional, en un esfuerzo por reforzar la estrategia de seguridad en el país bajo un mando civil. La medida, que ha sido descrita por algunos como un “superpoder”, ha suscitado diversas reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la reforma tiene como objetivo central garantizar que el mando de la estrategia de seguridad sea civil.

Cantón defendió la necesidad de dotar a García Harfuch y su equipo de estas atribuciones en un contexto de altos índices de violencia en el país.

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La reforma establece que, bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública, se coordinen las acciones de fuerzas federales como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. La inclusión de estas fuerzas en la estructura de investigación ha generado opiniones divididas, especialmente entre los senadores de la oposición.

Uno de los principales apoyos a la medida vino del panista Ricardo Anaya, quien defendió la necesidad de que el mando civil lidere las investigaciones en coordinación con las fuerzas de seguridad. En su intervención, Anaya justificó su voto a favor argumentando que pacificar al país requiere de una estrategia de investigación coordinada bajo un mando civil. Además, señaló que el objetivo de la reforma es “desmantelar a las organizaciones del crimen organizado”, y advirtió que solo “descabezar” a las organizaciones no resuelve el problema, sino que en muchos casos lo agrava.

Durante el debate, Anaya anticipó que el tema del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, sería usado por el oficialismo para contrastar el pasado con la nueva estrategia de seguridad civil. “Está bien, hay que recordarlo para que no se repita. Espero que escuchen nuestra crítica hacia la estrategia de ‘Abrazos no balazos’”, expresó Anaya, refiriéndose a la política de seguridad impulsada en los últimos años que, según él, ha dejado al país en una situación de vulnerabilidad.

El panista también pidió que en la legislación secundaria se establecieran “salvaguardas democráticas” para asegurar que el enfoque de la reforma no se distorsione y que el nuevo poder de investigación no sea utilizado con multas políticas.

Reacciones del PRI y Movimiento Ciudadano: apoyo condicionado

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, manifestó su respaldo a la reforma, aunque enfatizó la importancia de aumentar el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, permitiendo así que García Harfuch cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo su función. La senadora priista Claudia Anaya, por otro lado, apoyó las nuevas atribuciones de la Secretaría, aunque dejó en claro su rechazo a que la Guardia Nacional participe en las investigaciones, debido a su naturaleza militar y mando militar. “La Guardia Nacional es un cuerpo militar, con fuero militar, y no debe tener funciones de investigación”, argumentó Anaya, quien abogó por una distinción clara entre el mando civil y los cuerpos de seguridad militar.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, se expresó favorablemente hacia la reforma, resaltando que el nuevo esquema busca homologar estándares de actuación para las corporaciones policiacas, las cuales, según él, han sido descuidadas en términos de formación y presupuesto. “Lo decimos categóricamente: durante los últimos seis años prácticamente perdimos el tiempo en la formación de policías locales, municipales y estatales”, criticó. No obstante, Castañeda manifestó su preocupación respecto a las disposiciones de la reforma que pretenden fiscalizar los recursos destinados a la seguridad en las entidades federativas, cuestionando si dicha fiscalización debe quedar en manos de la Secretaría de Seguridad o mantenerse bajo la jurisdicción de la Auditoría Superior de la Federación.

La aprobación de esta reforma representa un cambio significativo en la estructura de seguridad pública del país, otorgando al mando civil una nueva capacidad para investigar y coordinar directamente con fuerzas federales y locales. Aunque cuenta con un amplio apoyo en el Senado, la medida no está exenta de críticas y dudas sobre su implementación. Especialmente, persiste el debate sobre la participación de la Guardia Nacional y la fiscalización de recursos en seguridad.

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