Luego que te contamos que Estados Unidos repatrió a más de mil 300 niños del estado de Puebla en un año, el gobierno del presidente Joe Biden emitió una nueva reglamentación para relajar la norma de “carga pública”, que tenía obstáculos para migrantes que reciben beneficios públicos.

Dentro de los principales obstáculos esta el que se les negaba la residencia permanente a los solicitantes con probabilidad de depender de ayuda pública para su asistencia.

Este cambio es parte de las promesas de campaña de Joe Biden para deshacer políticas de su antecesor, Donald Trump, que en 2019 sumó nuevas restricciones para los migrantes que no usarían o pidieran usar la asistencia pública.

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Por ello, al considerar la entrega de residencias permanentes, no se excluirán a las personas que eligen acceder a la gran mayoría de los beneficios relacionados con la salud y otros servicios incluida la mayoría de los beneficios de Medicaid (excepto la institucionalización a largo plazo, como residir en un asilo de ancianos, a expensas del gobierno) y el Programa de salud infantil.

¿Cuándo entra en vigor?

La regla, que entrará en vigencia el 23 de diciembre, sigue a una regla finalizada a fines del mes pasado que refuerza el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama.

En 2019, la administración Trump amplió la definición de carga pública para considerar como carga pública a los no ciudadanos que recibieron asistencia para pagar alimentos, vivienda, energía, cuidado infantil o usaron Medicaid.

Se pretendía que mediante esa ampliación se pudiera negarles la admisión o la residencia permanente, también conocida como tarjeta verde, a los migrantes que solicitaron los apoyos.

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Mva