Juez prohíbe que agentes de ICE detengan migrantes indocumentados en iglesias y lugares de culto

Un juez federal de distrito en Maryland emitió una orden que bloquea temporalmente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de realizar operativos de detención de personas migrantes en iglesias y otros lugares de culto. Esta decisión representa un revés para la política migratoria del presidente Donald Trump y fue celebrada por diversas organizaciones religiosas que habían denunciado la medida como una violación de derechos fundamentales.

El juez Theodore Chuang determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su agencia ICE no podrán efectuar arrestos “en o cerca de ningún lugar de culto”, en respuesta a una demanda presentada por grupos religiosos, incluidos cuáqueros, bautistas y sijs. La orden judicial establece que cualquier incumplimiento de esta disposición podría derivar en sanciones severas, incluido el desacato al tribunal. Sin embargo, la restricción no aplica a detenciones que cuenten con una orden administrativa o judicial.

El fallo responde a una demanda interpuesta por la Sociedad Religiosa de los Amigos (Cuáqueros), la Comunidad Bautista Cooperativa y el Templo Sikh de Sacramento, organizaciones que alegaban que la política de detenciones en sitios de culto desalentaba la asistencia de fieles y vulneraba la libertad religiosa. “Durante décadas, el gobierno ha reconocido que todos, sin importar su estatus migratorio, deberían poder asistir a los lugares de culto sin temor a una redada gubernamental sin orden judicial”, expresó Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, el grupo de defensa que representa a los demandantes.

Tump y sus políticas migratorias

La polémica política migratoria que desató la demanda comenzó el 20 de enero, primer día del mandato de Donald Trump, cuando el director interino del DHS, Benjamine Huffman, emitió un memorando anulando las directrices de la administración Biden que protegían los lugares de culto de acciones de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En su directiva, Huffman ordenó a los agentes utilizar el “sentido común” al decidir sobre operativos migratorios en estos espacios.

Sin embargo, los demandantes argumentaron que una política basada exclusivamente en el “sentido común” era inconstitucional, pues violaba la libertad de asociación garantizada por la Primera Enmienda. Además, afirmaron que esta medida infringía la Ley de Libertad Religiosa y Restauración, así como la Ley de Procedimiento Administrativo. Los cuáqueros señalaron que la presencia de agentes migratorios cerca de sus congregaciones y la posibilidad de que un miembro fuera detenido durante una ceremonia religiosa afectaban su derecho al ejercicio de la fe.

“Durante más de 30 años, la política oficial del gobierno ha sido no aplicar las leyes de inmigración en ‘áreas protegidas’, que incluyen lugares de culto y ceremonias religiosas como bodas y funerales, salvo en circunstancias extraordinarias”, sostiene la demanda.

Este fallo se suma a una serie de obstáculos legales que ha enfrentado la administración Donald Trump en su intento de reforzar la aplicación de las leyes migratorias. Mientras el gobierno busca apelar la decisión, grupos de derechos humanos y organizaciones religiosas consideran que esta resolución representa una victoria clave en la protección de la libertad religiosa y los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos.

Sigue a Heraldo USA en Google News, dale CLIC AQUÍ.