Trump tendrá que responder por deportaciones a El Salvador el pasado fin de semana; juez le da ultimátum

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Carol Sandoval

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Publicado: 20/3/2025 · 12:53 p.m. MX | Actualizado: 20/3/2025 · 12:53 p.m. MX

Durante el pasado fin de semana, el gobierno del presidente Donald Trump llevó a cabo la deportación de casi 300 migrantes venezolanos a El Salvador. La acción, generó una intensa confrontación con el poder judicial de Estados Unidos, y llegó a punto tal que el juez federal James Boasberg emitió una orden para detener dichas deportaciones. No obstante, la administración de Trump procedió con las expulsiones de igual manera, desafiando la autoridad judicial.

Donald Trump desafió al poder judicial con las recientes deportaciones a El Salvador

Pese a la orden del juez para detener las deportaciones de venezolanos a El Salvador, el gobierno de Donald Trump las justificó invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Dicha normativa (utilizada únicamente en contextos bélicos en el pasado) otorga al presidente amplios poderes para detener y deportar a ciudadanos de países que se consideran “enemigos hostiles” de Estados Unidos. Además, el gobierno argumentó que los deportados eran presuntos miembros de la organización criminal venezolana conocida como ‘Tren de Aragua,’pese a que no se presentaron pruebas concretas de dicha afiliación.

Por su parte, el juez James Boasberg emitió una orden para intentar suspender las deportaciones durante al menos 14 días, con el fin de revisar la legalidad de las mismas. Ahora, dado que Trump continuó con las deportaciones, enviando a los migrantes a El Salvador, Boasberg calificó la acción como un “posible desafío a su autoridad,” y enseguida, solicitó al gobierno información detallada sobre los vuelos de deportación.

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Adicionalmente, en respuesta al incumplimiento de su orden, el juez Boasberg emitió un ultimátum al gobierno de Trump, otorgándole un plazo adicional para proporcionar la información solicitada sobre las deportaciones. Inicialmente, se había establecido como fecha límite el mediodía del miércoles 19 de marzo de 2025; sin embargo, al no recibir la información solicitada, se extendió el plazo hasta el mediodía del jueves 20 de marzo de 2025.

En caso de que la administración de Donald Trump no emita las explicaciones pertinentes, el juez advirtió sobre posibles consecuencias legales, enfatizando en la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las órdenes judiciales. En tanto, el presidente Trump calificó al juez Boasberg como un “lunático de la izquierda radical,” pidiendo su destitución y provocando una respuesta directe del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Roberts defendió la independencia judicial y señaló que la vía adecuada para expresar desacuerdos con fallos judiciales es el proceso de apelación, no la destitución de jueces. Por ahora, este enfrentamiento plantea serias preocupaciones sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos, así como la capacidad del sistema judicial para actuar como contrapeso al Ejecutivo en el corto y largo plazo.

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Carol Sandoval